Comparado, por ejemplo, con la situación en Palestina, la corrupción en Marbella o la muerte de tantísimas mujeres en España y en el resto del mundo víctimas de la violencia doméstica, el hecho de que los honrados ciudadanos de Córdoba no puedan andar por los caminos ancestrales de nuestra sierra (como se vió el pasado domingo en La Alhondiguilla) sin tener que enfrentarse con mallas y cancelas, amenazas o insultos puede parecer insignificante. Sin embargo, la sociedad que no se cuide de proteger los derechos de los ciudadanos en casos aparentemente menores está abocado a descuidarlos del todo en situaciones de mayor envergadura. Es decir, o hay legalidad para todo, o no la hay para nada.
En el caso que he mencionado de los caminos públicos estamos evidentemente ante una situación de ilegalidad flagrante. El ayuntamiento sabe que hay montones de caminos públicos usurpados; sabe que son públicos porque posee la documentación correspondiente o porque se la hemos suministrado nosotros. Hasta ha colocado algunos de estos caminos en internet. Sin embargo, no hace nada por recuperarlos, cuando tiene no sólo la obligación constitucional de hacerlo sino también los medios jurídicos y policiales necesarios. Ni siquiera le hace caso al Defensor del Pueblo Andaluz cuando le pide explicaciones.
¿Por qué no lo hace? Obviamente porque los responsables – o sea la alcaldesa, Rosa Aguilar, y el gerente de urbanismo, Andrés Ocaña – no quieren que se haga. Y, ¿por qué no querrán estas buenas gentes hacer una cosa que es de provecho para todos? se preguntarán Vds. No soy adivino ni psicólogo; por lo tanto sólo se me ocurren dos explicaciones. O tienen intereses que desconocemos en que se mantenga la ilegalidad, o no se atreven a deshacerla. En cualquiera de los dos casos, me parece que como políticos pierden los últimos vestigios de credibilidad que les quedan, y desde luego, no creo que cuenten en las próximas elecciones con el voto de ningún amante del campo o senderista con dos dedos de frente.
