El juicio de faltas a Bartolomé Olivares, portavoz de la plataforma A Desalambrar , quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba. El ecologista se sentó en el banquillo acusado de desobediencia a la autoridad y daños en una propiedad privada, hechos que se produjeron en octubre del año pasado. Por la primera de estas faltas, el fiscal solicitó una multa de 90 euros; 60 por la segunda, y una indemnización de 80 euros. El demandante, por su lado, pidió 101 euros de indemnización, mientras que la defensa pidió la libre absolución.

El denunciante, propietario de varias fincas cercanas a Cerro Muriano, declaró que había encontrado rotas dos cancelas y candados dentro de sus tierras y que el grupo de la plataforma, formado por una veintena de senderistas, invadió su propiedad. Estos extremos fueron confirmados por un trabajador de la explotación, aunque ni éste ni el anterior vieron al acusado o a sus acompañantes romper los candados ni las cancelas.

Olivares declaró que el grupo no encontró cerrada ninguna de las verjas y que circularon por vías pecuarias de titularidad pública. Sí reconoció que se negó a obedecer a los agentes de la Guardia Civil --que fueron alertados por el propietario de la presencia de los senderistas-- para que abandonara la finca. El ecologista argumentó ante el juez que "estábamos junto al cauce de un arroyo y eso es un espacio público".

Un testigo de la defensa, Patrick Phillpot, corroboró la declaración de Olivares y añadió que no vio a nadie que portara cizallas, alicates u otras herramientas que pudieran romper las cadenas.