La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado una investigación por la posible existencia de varios delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio cometidos supuestamente por varios propietarios de fincas localizadas en el entorno del río Retortillo, en Hornachuelos, que han cerrado, en algunos casos con vallas alambradas, varios caminos públicos y vías pecuarias, entre ellas la Cañada Real Soriana a su paso por la zona.
El ministerio fiscal ha decidido investigar a raíz de las denuncias presentadas por la Plataforma A Desalambrar y 17 asociaciones de la zona afectada por el cierre de caminos públicos y vías pecuarias, que comprende no solo el término de Hornachuelos, sino también los municipios sevillanos de Peñaflor y Puebla de los Infantes, y Palma del Río, desde el Retortillo hasta Hornachuelos pasando por la Vega de Vita y la finca Montealto. Esta decisión de la fiscalía de Medio Ambiente viene a sumarse a las denuncias que ya formularon en su día el Defensor del Pueblo y Ecologistas en Acción, que acusó a la Administración autonómica por prevaricación al considerar que hace dejación de funciones en este caso.
Los colectivos afectados, entre los que se encuentran senderistas, ecologistas o clubes deportivos que entrenan habitualmente en la zona en modalidades como trial o triatlón, reclaman la apertura inminente de estos caminos públicos y exigen también a la Junta de Andalucía que ponga fin «a la connivencia con los usurpadores de vías pecuarias y cumpla con sus obligaciones (contraídas hace años) de mantenerlos abiertos».
Los denunciantes no solo rechazan el cierre de la cañada, que bordea la sierra La Traviesa; también critican el «destrozo» que ha supuesto para la misma la existencia de una gran cantera propiedad de la empresa Sando que, según indica la plataforma, «vuelca los escombros a la vía pecuaria y a un descansadero sin que la Junta lo tenga en cuenta».
Igualmente, continúan las asociaciones ecologistas, fincas vecinas a esta como Cortijo de Pajares o La Higuera, propiedad de las familias García Liñán y Martínez Conradi, respectivamente -estos últimos dueños de una ganadería-, «también han usurpado los bienes públicos, con el agravante en el último caso de llevar toros a la finca para asustar a las personas que quieran pasar por la cañada». Además, en el cortijo El Turruñuelo se ha cerrado la vía pecuaria Las Dehesillas, continuación de la Cañada Real Soriana.
Emilia Lora
