La Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba ha abierto una investigación sobre los propietarios de varias fincas localizadas en Hornachuelos, en el entorno del río Retortillo, que habrían cerrado varios caminos públicos y vías pecuarias de la zona, entre ellas la Cañada Real Soriana a su paso por este entorno.

La investigación analiza si se habrían cometido delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio por parte de los propietarios de dichas fincas, que incluso habrían cerrado el paso de los caminos y vías pecuarias, en algunos casos, con vallas alambradas.

Esta información había llegado también hasta el Parlamento de Andalucía -antes de su disolución por la convocatoria anticipada de elecciones-, en forma de una pregunta oral realizada por el parlamentario cordobés de Podemos, David Moscoso, para requerir toda la información al respecto que obrara en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

En la exposición de motivos de este requerimiento de información se precisa que el Ministerio Fiscal ha decidido iniciar esta investigación a raíz de las denuncias presentadas por la plataforma A Desalambrar y 17 asociaciones de la zona afectada por el cierre de caminos públicos y vías pecuarias.

Los hechos que se investigan no solo afectarían al término municipal de Hornachuelos, sino también a Palma del Río y los municipios sevillanos de Peñaflor y Puebla de los Infantes. De hecho, la supuesta usurpación de los caminos públicos también fue denunciada en su día por el Defensor del Pueblo y Ecologistas en Acción.

“Los colectivos afectados, entre los que se encuentran senderistas, ecologistas o clubes deportivos que entrenan habitualmente en la zona en modalidades como trial o triatlón, reclaman la apertura inminente de estos caminos públicos y exigen también a la Junta de Andalucía que ponga fin a la connivencia con los usurpadores de vías pecuarias y cumpla con sus obligaciones (contraídas hace años) de mantenerlos abiertos”, se señala en la pregunta al Gobierno andaluz.

Con esta cuestión en el Parlamento, que ahora quedará sin responder tras la disolución de la cámara andaluza hasta las próximas elecciones autonómicas, se pedía conocer las medidas que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pudiera llevar a cabo para hacer a la usurpación de caminos de naturaleza pública y, en particular, en este caso concreto que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.