El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba no ha encontrado suficientes elementos para condenar a Bartolomé Oilvares, portavoz del colectivo A Desalambrar , que había sido acusado de una falta de desobediencia a la autoridad y de otra falta de daños materiales intencionados al romper varias cancelas y candados, hechos que se produjeron en octubre del 2003 en una finca de Cerro Muriano por la que circulaban miembros de esa plataforma.

Según el propietario de la hacienda, los senderistas habían invadido su propiedad y roto las cadenas, mientras que éstos dicen que paseaban por caminos públicos. El juez no entra a valorar la naturaleza pública o privada de esos lugares, cuando precisamente A Desalambrar reivindica la recuperación de estos espacios para el disfrute ciudadano.

El magistrado argumenta que no se ha determinado que Olivares fuera el autor de estas faltas, aunque "parece suficientemente probado que, al menos, la segunda de las cadenas fue seccionada por algún integrante del grupo". Además, el juez dice que si "dicha persona no ha podido ser determinada, mal se podría requerir reponsabilidad penal al mero portavoz de un grupo que, por otro lado, no está organizado como entidad jurídica propia, puesto que es previa la determinación de la comisión por una persona física".

Sobre la desobediencia, la sentencia refleja que durante el juicio, la Guardia Civil indicó a los senderistas que abandonaran la finca y éstos dijeron que iban a continuar. El grupo siguió su camino y salió del terreno por otro sitio y "lo cierto es que, contra lo que ellos mismo pretenden haber hecho (negarse a obedecer), en realidad atendieron las indicaciones de los agentes y marcharon del lugar".