-Manuel Trujillo Carmona y Mercedes Mulero Ramos, representantes de la Plataforma Ibérica por los caminos públicos -PICP- comparecen ante la Comisión de Turismo y Deporte del Parlamento andaluz para exponer en sede parlamentaria la opinión sobre la Proposición de Ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autonóma de Andalucía.
Ponencia:
Después de agradecer la oportunidad que nos brinda esta Comisión para exponer en sede parlamentaria nuestra opinión sobre este proyecto de ley y antes de dar mi opinión sobre la ley de senderos, les voy a contar un caso concreto que ha ocurrido en un sendero de la sierra de Córdoba, el Gr-48 Sendero de Sierra Morena.
Este sendero de gran recorrido lo llevó a cabo una entidad llamada ADIT, Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena, y se pretendía que fuera un foco de turismo, y el nexo de unión del que partirían otros senderos más pequeños. Los postes de este sendero llevan la marca de la Junta de Andalucía, y por supuesto está homologado por la Federación Andaluza de Montaña. Además, fue presentado a bombo y platillo con un gasto muy importante, con su página web, su topoguía, y su número completo de la revista Grandes Espacios. Sin embargo, dos años después ese camino está cerrado, y los senderistas que tienen el número de Grandes Espacios, o miran la web de ADIT–ya algo abandonada-, o las numerosas referencias en Internet, e intentan hacer ese sendero se encuentran una enorme cancela, y si son capaces de sortearla, unos guardas que le dicen que se vuelva por donde ha venido, porque ese camino es privado. La sorpresa e indignación de los caminantes es enorme, y posiblemente se arrepientan de haber comenzado ese sendero de Gran Recorrido que les ha generado tanta incertidumbre.
¿Cómo pudo ocurrir? ¿Se señalizó un sendero por un camino privado? ¿La Federación Andaluza de Montaña se saltó los protocolos, y no preguntó si el camino era público?
La respuesta es clara: la desidia de las administraciones al no tener debidamente registrados sus caminos es la culpable de esta situación.
Por esa zona pasa una vía pecuaria, la Vereda de la Pasada del Pino, recogida en una clasificación al menos desde los años 60. Sin embargo, ¿por donde discurre exactamente esa vía pecuaria?
La Consejería de Medio Ambiente comenzó el deslinde en el año 2008, pero caducó, y no ha vuelto a retomarlo, pese a insistentes peticiones en ese sentido. Así que la respuesta es: no lo sabemos.
"Esa vía pecuaria, como muchas otras, resulta ser una especie de fantasma, que existe, pero solo como una idea, no tiene un cuerpo terrenal."
De esa manera, se realiza una carretera, la carretera de Córdoba a Badajoz, que corta la vereda, y se pone un paso subterráneo para que pase la vereda…en algún lugar por donde no se sabe si pasa. De hecho, parece que no pasa por donde está el paso subterráneo. Con lo que la vereda, si es que alguna vez toma cuerpo, no podrá atravesar la carretera.
Por esa zona, dice el catastro, que pasa un camino público. También aparece dicho camino en numerosos planos desde el siglo XIX hasta la actualidad, y mucha gente del lugar recuerda que siempre se ha recorrido dicho camino sin problemas.
Sin embargo, el ayuntamiento de Córdoba no tenía un inventario de caminos, por lo que lo único que hacen son informes, de dos departamentos, donde uno dice que hay indicios de que puede haber un camino público, y otro dice que no figura ningún camino público por ahí.
El sendero se señalizó, y a los dos años se cortó, y así sigue. La administración autonómica no se da por enterada, y sigue sin saber si por ahí va o no la vía pecuaria. El ayuntamiento de Córdoba, dos años después del cierre, aprobó que tenía validez un inventario del año 1884, donde no figura este camino, y decidió en pleno que abriría un expediente de investigación para ver si este camino se incluía en el inventario o no. Un año después, ni siquiera se ha abierto dicho expediente.
Este es un caso real, de un sendero señalizado como Gran Recorrido. ¿Servirá esta ley para evitar que se vuelva a dar este caso? ¿Servirá para considerar que una señal de sendero es un bien público, y que no se puede dañar, con su pena correspondiente (esto está a la orden del día)? ¿Servirá para que las administraciones responsables de los caminos públicos –ayuntamientos y Junta de Andalucía- certifiquen que por donde se trazan senderos son terrenos públicos? Pero la única forma de certificarlo es mediante la correspondiente inclusión, en el caso de caminos municipales, en los inventarios de bienes o de caminos. Cualquier otra no tendría ninguna validez.
"-La Ley de Senderos será positiva siempre que sirva para considerar que una señal de sendero es un bien público, y que las administraciones responsables de los caminos públicos –ayuntamientos y Junta de Andalucía- certifiquen que por donde se trazan los senderos son terrenos públicos."
Si la ley cumple esas funciones, creo que sería una ley de gran ayuda, ya que los senderos necesitan de seguridad, es intolerable que una persona salga a hacer una ruta de senderismo, publicitada en muchísimos medios, y se encuentre con una valla en el sendero.
Pero si esto sucede con los senderos señalizados, ¿qué no podrá ocurrir con miles de caminos p que son menos conocidos y usados, y que un buen día aparecen cortados sin que nadie sepa qué se puede hacer para evitarlo.
Las administraciones tienen el deber de hacer lo necesario para que no ocurra esto. Los ayuntamientos deben tener debidamente catalogados sus caminos, e incluso inscritos en el Registro de la Propiedad, para que nadie pueda discutir que el terreno por donde durante cientos de años se ha pisado es público. Por desgracia, pese a que varias leyes obligan a los ayuntamientos a hacerlo, la mayoría aún no han aprobado su inventario de caminos, muchos de los pocos que lo tienen son inventarios inservibles, como el de Córdoba, por tener una cartografía inadecuada, y además suelen tener muchos de los caminos que están en el inventario, como de nuevo sucede con el de Córdoba, cortados, sin que los ayuntamientos cumplan su obligación de recuperarlos.
Pero la Junta de Andalucía no es precisamente un modelo a seguir. La situación de las vías pecuarias en estos momentos es de total abandono por parte de la Junta de Andalucía. Desde el año 2010 los deslindes se encuentran prácticamente paralizados, estando muy por debajo de lo previsto en el Plan de Recuperación de Vías Pecuarias. Y eso no es lo peor, de 2734 expedientes de deslindes de vías pecuarias, más de un tercio, 969, está caducados, y 713 recurridos, estando solo 1044 firmes. Los deslindes recurridos quieren decir que son inútiles para señalizar senderos, o que pueden permanecer cortadas o intransitables hasta que el deslinde sea firme. Y solo por la inacción y la falta de actuación de la Junta de Andalucía.
Por tanto, sí, es positiva esta Ley de Senderos. El senderismo es una actividad que favorece la vida sana de los andaluces, y el bienestar de la población, es la mejor inversión que debería hacer un gobierno. Además que es una clara fuente de turismo y de ingresos, que sin duda hay que potenciar. Por no hablar que es un derecho constitucional el disfrute del medio ambiente. Pero es imposible que se pueda realizar si las administraciones, y la primera la Junta de Andalucía, no se toman en serio la recuperación de sus caminos.
