Ecologistas en Acción acusa a Medio Ambiente de "falta de valentía" El Parque Natural de Hornachuelos alberga a 17 de las propiedades.

La Asociación Ecologistas en Acción ha denunciado ante la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la situación de irregularidad de 23 fincas en la provincia de Córdoba que incumplen la normativa relativa a la caza y el agua.

En un comunicado, los ecologistas indican que la denuncia especifica la ubicación de las 23 propiedades, el nombre de la finca, el número de matrícula de coto de caza y si están o no incluidas dentro alguno de los parques naturales de la provincia de Córdoba.

Añaden que las fincas están destinadas como actividad preferente a la caza mayor de carácter intensivo, para lo cual se ha optado por el cerrarlas con una cerca perimetral, con el objeto de recluir y controlar las principales especies de caza mayor de Sierra Morena, el ciervo y jabalí.

Estas mallas se han instalado sin tener en cuenta la normativa ambiental en materia de aguas y de caza ante la pasividad e indiferencia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según asegura este colectivo en el comunicado.

Respecto a los cercados, la normativa andaluza de la Flora y Fauna Silvestre especifica que, tanto los de protección como los de gestión de las propiedades, deben de permitir la circulación de la fauna silvestre no cinegética, dejando libres las vías pecuarias, carreteras y caminos de uso público.

De las 23 fincas denunciadas, 17 están dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, espacio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en el espacio natural ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) declarado como LIC (Lugar de Interés Comunitario).

Las numerosas iniciativas puestas en marcha a través de la junta rectora del parque de Hornachuelos en los últimos 12 años "han sido infructuosas por falta de valentía y decisión de la delegación provincial de Medio Ambiente, ya que nunca se ha conseguido que un solo propietario reconozca y respete la legalidad", concluye la nota.

 

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