Desde 2001, A Desalambrar lucha por recuperar caminos públicos, vías pecuarias y cauces de ríos. Un ejemplo que se extiende a otros lugares del Estado y poco a poco toma forma de movimiento.
Sólo en el municipio de Córdoba, la Plataforma A Desalambrar calcula que existen más de mil kilómetros de caminos públicos, vías pecuarias y cauces abandonados y sin catalogar, de los cuales el 80% ha sido usurpado. ¿Por quién? Por los propietarios de las fincas colindantes que, saltándose la ley, que concibe estos bienes de “dominio público” como “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, se apropian de ellos para uso y disfrute particular. Cotos de caza, fincas privadas y obras públicas han convertido estos “bienes de dominio público” en auténticos bosques de mallas metálicas, cancelas y alambradas que impiden el paso a caminantes, ciclistas y animales. Según Manuel Trujillo, portavoz de A Desalambrar, “cuando se malla una finca, se produce endogamia y otros problemas de salud dentro de y entre las especies. Cuando hay incendios los animales quedan atrapados. Además, conduce a que la propiedad envenene a especies ‘indeseables’, ponga lazos y cepos, cace fuera de temporada, tale y are los terrenos, edifique a mansalva, y cometa otras lindezas por el estilo”, sostiene.
