No es novedoso observar como un grupo de interés económico condiciona los acuerdos y decisiones de las Administraciones públicas, aunque ello suponga una pérdida de derechos para la mayoría de la sociedad civil. Esto es lo que viene ocurriendo desde tiempos históricos entre las organizaciones cinegéticas y la Administración central, hasta mediados de los ochenta, y posteriormente y hasta la fecha, tras el proceso de transferencias autonómicas, con las comunidades autónomas.
Las políticas de conservación y gestión de la biodiversidad auspiciadas y desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente están permanentemente subordinadas a los intereses corporativistas de un sector minoritario. Circunstancia a la que no son ajenas el resto de las comunidades autónomas. Sirva como muestra la situación de la Comunidad Valenciana, donde la Administración ambiental de esa comunidad autónoma, en complot con los cazadores, ha vetado la presencia de los grupos ecologistas en el Consejo Valenciano de Caza, órgano de participación social donde se establecen las normas reguladoras de la actividad cinegética. En Galicia, a pesar de la situación de excepcionalidad debido a la oleada de incendios forestales que han asolado más de 70.000 hectáreas, la Xunta de Galicia no se ha atrevido a aplicar lo que establece la norma que regula la caza, la cancelación del periodo hábil de caza en casos de catástrofes que suponga una pérdida de los hábitats de las especies cinegéticas, que provoquen una concentración artificial en determinados lugares, forzados por una situación excepcional. Sin embargo, a pesar de las peticiones de las organizaciones ecologistas, la Xunta de Galicia calla, consiente y vulnera su propia normativa. Y en Castilla-León se tramita actualmente un Plan de Gestión del Lobo, denostado por diversos colectivos sociales y aplaudido por los cazadores. Según parece, lo cual no es de extrañar, la conservación y el manejo del lobo en esa comunidad autónoma dependerá de la caza deportiva.
